Tras el fallo en Estados Unidos que condenó a Chiquita Brands por financiar a grupos paramilitares en Colombia, el presidente Gustavo Petro criticó la inacción de la justicia colombiana en establecer responsabilidades similares.
El mandatario expresó su desconcierto ante la disparidad entre el veredicto estadounidense y la falta de acción en Colombia: "¿Por qué la justicia de EEUU pudo determinar en verdad judicial que Chiquita Brands financió el paramilitarismo en Urabá? ¿Por qué no pudo la justicia colombiana?"
¿Por qué la justicia de EEUU pudo determinar en verdad judicial que Chiquita Brands financió el paramilitarismo en Urabá?.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 11, 2024
¿Por qué no pudo la justicia colombiana?
Si el acuerdo de paz del 2016, que ya sabemos es una declaración unilateral de estado que nos compromete ante el… https://t.co/pT2l86cuyH
El caso, que ha durado más de una década, finalmente concluyó en una corte de West Palm Beach, donde Chiquita Brands fue condenada a pagar 38,3 millones de dólares a demandantes y familiares de víctimas de los paramilitares en Colombia. Esto se suma a la admisión previa de la empresa, en 2007, de haber pagado a paramilitares colombianos 1,7 millones de dólares bajo presión para proteger a sus trabajadores.
Petro aprovechó para reiterar su propuesta de establecer un único tribunal de cierre de la verdad judicial dentro del conflicto armado interno, cuya función ya ostenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada en el marco del acuerdo de paz de 2016 con las FARC.
A pesar de que el fallo se dio en Estados Unidos, fuentes cercanas al caso confirmaron que se aplicará el Código Civil colombiano para indemnizar y reparar a las víctimas, siguiendo el artículo 2341. Este caso ha sido emblemático por las evidencias de financiamiento de la violencia por parte de empresas internacionales, generando un llamado a la acción más contundente desde la justicia colombiana.